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El salario mínimo subirá por etapas y llegará a los $ 980
En agosto se elevará a $ 900; en octubre, a $ 960 y el tercer ajuste será en diciembre
El salario mínimo será de $ 980 a partir de diciembre próximo, según lo acordaron anoche las entidades empresariales y sindicales que integran el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, luego de una jornada de deliberaciones que comenzó con una reunión al mediodía en la sede del Ministerio de Trabajo.
Desde los $ 800 que rigen actualmente, el ingreso laboral mínimo para un trabajador de jornada completa se elevará a $ 900 a partir del cobro de los salarios de agosto, en tanto que pasará a $ 960 en ocubre, y en el último mes del año llegará a los $ 980, según anunciaron el ministro de Trabajo, Carlos Tomada; el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y el asesor de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.
Es un alza del 22,5%, que tendrá impacto en los bolsillos de unos 450.000 empleados, cerca del 10% del total que tiene la actividad privada formal o en blanco.
La CTA reclamaba un salario básico de 2.513 pesos
La CTA se abstuvo y ratificó su demanda de conformar una nueva canasta básica de 2513 pesos para una familia tipo.
Canasta cara Pero la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) advierte que la canasta básica total es mucho mayor. "Según la encuesta de gasto [de hogares] de 1997 actualizada a la fecha, la canasta para una familia tipo ascendería a 2513 pesos", advirtió la CTA en un comunicado difundido ayer. Sucede que el Indec todavía mide la canasta básica según la encuesta de gasto de hogares de 1986, cuando eran distintas de ahora la alimentación, la urbanización, los factores sociales y demográficos, el tamaño de los hogares y los gastos asociados a la vivienda y los servicios públicos, según un estudio de la CTA.
El Gobierno prepara el terreno para aumentar la tarifa del agua
A través de un decreto, el Gobierno fijó los parámetros para calcular el costo de los servicios que presta la estatal AySA. Allí aparecen cargos nuevos. La empresa niega pedir un ajuste.
El Gobierno ya acordó con las empresas eléctricas una revisión integral del cuadro tarifario en 2008, y en los últimos días dio otra señal en la misma dirección, en este caso con la estatal AySA. En el decreto 763 que reglamenta el marco regulatorio de la compañía de agua y cloacas se fijaron los parámetros a aplicar en un futuro para determinar el valor de los servicios.
Incumplimiento de Fondo de Inversion de AySa
Otras fuentes oficiales comentaron a este diario que AySA se encuentra en mora con la integración de 5 millones de pesos al mes a un fondo fiduciario para la expansión del servicio. El atraso es de más de 60 millones de pesos.
Es un cargo que se aplica a los usuarios para ampliar la red de agua y cloacas, equivalente al 7,9 por ciento de la recaudación de la empresa. El dinero debería ser depositado todos los meses en una cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero la compañía dejó de girar los recursos. Una de las interpretaciones es que AySA utiliza esos fondos para su gestión diaria, lo que refuerza las especulaciones sobre un eventual incremento tarifario.
Decreto 763
Para los usuarios con servicio medido, advirtió, se duplica la incidencia del cargo fijo, el cual surge de una serie de factores, como la superficie construida de la vivienda, la décima parte de la superficie del terreno, un coeficiente zonal y uno referido a las características edilicias.
Para los usuarios con servicio no medido, se crea un cargo variable en base a los mismos componentes.
El especialista admitió que el valor final de la tarifa, el hecho de que aumente o no, dependerá de los valores que se asignen a aquellos cargos. Pero, en principio, todo indica que su creación apunta a elevar las tarifas.
A pesar de ello, el Gobierno diseñó junto a la compañía un plan de expansión para los próximos cinco años que se propone llegar a un ciento por ciento de cobertura en el servicio de agua en 2011 –beneficiará a dos millones de personas– y avanzar con la red cloacal. La cobertura total de este último servicio se daría recién en 2020. La empresa viene realizando obras parciales en acuerdo con municipios del conurbano bonaerense y promete acelerar la licitación de obras en el corto plazo. Pero para dar un salto en los trabajos de infraestructura necesita fuertes aportes de capital del Tesoro nacional. En ese punto, el financiamiento viene demorado
Crecen los subsidios
La distribución de subsidios al transporte automotor de pasajeros de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires alcanzó, entre enero y mayo, a 748,8 millones de pesos, suma que representa un crecimiento de 144,5 por ciento en comparación con el mismo período de 2006.
Así lo revela un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación. “No estoy en contra de los subsidios, ni mucho menos de los aumentos salariales, lo que venimos reclamando es la necesidad de mejorar la equidad y transparencia del sistema de distribución”, señaló el ombudsman Eduardo Mondino.
Destinan más fondos en el presupuesto para energía
Se destinarán $ 425 millones para transferir a las empresas, ejecutar obras y otorgar préstamos de largo plazo; otros 140 millones fueron asignados a la construcción de escuelas
Decisión Administrativa 262, publicada el martes 10 en el Boletín Oficial y que lleva la firma de Fernández, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y la ministra de Economía, Felisa Miceli.
Una vez más, el principal aumento correspondió a la cartera que conduce De Vido: $ 425 millones. En realidad la reasignación a favor de partidas que controla el jefe de Planificación es mayor, ya que alcanza unos $ 700 millones, pero como una parte de los fondos surge de otros programas que están bajo la órbita de De Vido, el incremento neto alcanza los $ 425 millones.
Dentro del Ministerio de Planificación, habrá $ 27 millones para el programa Mejoramiento de barrios; $ 40 millones para la Formulación, Ejecución y Control de las Obras Públicas; $ 425 millones para la administradora del mercado eléctrico mayorista, Cammesa, para transferir a las empresas privadas para gastos corrientes y préstamos de largo plazo, $ 140.084.176 para el programa "Más escuelas; Mejor educación". Parte de los fondos surgirán del Tesoro ($ 168 millones, que estaban destinados a Enarsa y al Ente Binacional Yaciretá) y de reasignaciones internas: la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), uno de los organismos beneficiados con los últimos movimientos, resignará cerca de $ 184 millones.
Reclaman 750 millones de pesos a las empresas de telecomunicaciones
Deberían haber aportado esa suma al Fondo Fiduciario del Servicio Universal
Pasaron siete años desde la creación del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, que obliga a las empresas de telecomunicaciones a depositar el 1% de sus ingresos totales para financiar la llegada de los servicios que prestan a toda la población. Hasta hoy, ese fondo no fue implementado, y la polémica se reanudó con una reciente resolución de la Secretaría de Comunicaciones, que instruye a las compañías a depositar a partir del mes próximo el porcentaje en una cuenta del Banco Nación, pero no hace referencia alguna a los montos que deberían haberse colocado desde 2001, año en el que el Estado hace efectiva la instrucción por medio del decreto 764.
Funcionarios y especialistas coincidieron en afirmar que la resolución 80 de la cartera que conduce Lisandro Salas, publicada el 14 del mes pasado, "condona una deuda de 750 millones de pesos a las empresas del sector" y siembra vastas dudas sobre el "destino final del dinero que llenará las cuentas en el banco". El defensor del pueblo, Eduardo Mondino, dijo que impugnará judicialmente la resolución porque "no hace referencia a los aportes que se deberían haber hecho que, según nuestros cálculos, sumarían hoy unos 750 millones de pesos".
Los mayores aportantes serán sin duda Telecom y Telefónica, que están analizando la norma junto con la cartera que conduce Salas para esclarecer los cálculos operativos que definirán los montos.
Fuentes utilizadas: LA NACION - Clarin
