Argentina 1976-1980
Ha sido sin lugar a dudas uno de los personajes más nefastos de la reciente historia económica argentina. Fue el artífice de la aplicación del neoliberalismo en la década del setenta, y uno de los mejores representantes de los Chicago Boys en Argentina, discípulo de Milton Friedman en nuestras tierras. Descendiente de una familia de la oligarquía, donde su ascendencia muestra sus íntimas relaciones con las fuerzas reaccionarias que lideraron la Argentina desde la independencia hasta la actualidad.
Como nos dice Norberto Galazo (1), la dictadura militar implantada en Argentina entre 1976 y 1983 encuentra su explicación en varias razones. La primera reside en que el avance popular, desde 1969 en adelante con su toma de ciudades y operativos armados, ha aterrorizado a la clase dominante. El piso ha temblado bajo sus pies como si ella misma, con todos sus privilegios, estuviese a punto de desmoronarse. De allí su reacción fascista, hundiendo a la Argentina en un baño de sangre. Para ella, es indispensable “un escarmiento” dirigido a eliminar toda repetición futura de rebeldías semejantes. La segunda obedece a que la clase dominante – ella misma en estado de transformación – se ha propuesto reconvertir la economía argentina y como en toda reestructuración profunda en perjuicio de las masas populares, su implementación se hace a sangre y fuego para aplastar la resistencia de las víctimas. Finalmente, en tercer lugar, el capital transnacional, principalmente norteamericano halla, a su vez, la oportunidad histórica para preponderar decisivamente en toda América Latina, y particularmente en Argentina: saquearla financieramente, dominar su mercado interno y extranjerizar su aparato productivo.
Pasaremos ahora, a detallar el primer quinquenio del golpe cívico militar, en cuanto a su modelo económico para reflejar las ideas que se adoptaron para el saqueo y desguace del Estado Nacional y sus empresas públicas.
La implementación del nuevo “modelo económico” no se logra de inmediato, sino a través de sucesivas medidas que adopta el equipo de los Chicago Boys (2), liderado por José Alfredo Martínez de Hoz.
En el análisis de la política económica de aquel entonces, seguiremos para una mayor precisión conceptual de la misma, al propio artífice de ella, al ministro de economía de los años 1976/1981, José A. Martínez de Hoz quien plasmara su plan político en su libro titulado BASES PARA UNA ARGENTINA MODERNA 1976-80, publicado en Buenos Aires en 1981, con un interesante prólogo de Jorge Rafael Videla. (3)
Plan Económico de Martínez de Hoz: comienzo del fin
El programa económico anunciado el 2 de abril de 1976 por el José A. Martínez de hoz, contó con la aprobación previa y el consenso de las Fuerzas Armadas que sumieron – según en propias palabras de ministro – la “responsabilidad del Gobierno en medio del caos político, económico y social imperante.” Esta convicción (torturas, desapariciones, ejecuciones) – continúa Martínez de Hoz - explica el hecho, inédito en la Argentina desde hacía mucho tiempo, que durante cinco años pudiera existir la continuidad en materia de hombres y de programas, con los periódicos ajustes necesarios, que permitió encarar una transformación económica tan profunda.
¡Y vaya, que si fue profunda!
Según el propio Ministro de Economía de aquellos años, existen en su programa económico para los años 1976/80, dos pilares básicos de los cuales se derivaron los grandes cursos de acción del programa económico anunciado el 2 de abril de 1976, y ellos fueron los siguientes:
Función Subsidiaria del Estado
Apertura de la Economía al capital mundial
1. Para Martínez de Hoz, el concepto moderno de la función del Estado en la economía no tiene por objeto dejarlo como simple espectador de la acción económica que sucede en la Nación, sino que se le atribuye la posibilidad de intervenir en forma directa cuando, requiriéndose una determinada actividad, no existe posibilidad o interés privado en cumplirla. Por lo tanto, donde existe interés privado, el estado no debe entrometerse, idea básica pregonada por los liberales ortodoxos y alumnos obedientes de la Escuela de Chicago.
Sigue diciendo José Alfredo, que al sector privado le corresponde la responsabilidad de llevar a cabo la actividad productiva, sin perjuicio de la función propia de Estado, de determinar la orientación global de la economía a través de los grandes instrumentos de la política económica y financiera, tales como el monetario, tributario, cambiario, presupuestario, y arancelario, entre otros, utilizados en consonancia con la orientación básica ya expuesta.
El principio de subsidiariedad (4) abarca no sólo el concepto de la actividad del Estado frente al sector privado, sino también la del Estado Nacional en relación con las Provincias y los Municipios.
2. La apertura de la economía, - comenta nuestro Chicago boys - tanto hacia el exterior como hacia el interior, promueve la competencia en el mercado externo e interno, eliminando la sobreprotección y los controles que obstaculizan el flujo del comercio, de los capitales y de la tecnología, bases para un crecimiento dinámico y progresista.
La apertura de la que habla Martínez de Hoz, es aquella tan anhelada por el capital mundial, principalmente por Estados Unidos, ávido de las riquezas acumuladas en el interior de los países tercermundista luego de sus épocas de auges con la sustitución de importaciones. Una apertura que permita al primer mundo devorar las industrias estatales y penetrar en las economías regionales para hacerse de ellas.
Al abrir la economía argentina a la competencia libre del mercado mundial, permite, según nos dice Martínez de Hoz, valorizar en forma adecuada el trabajo argentino, recuperar la capacidad exportadora de bienes competitivos, permitiéndose la inserción del país en el contexto internacional como un producto de primera magnitud y no en un exportador de remanentes del mercado interno, con toda suerte de subsidios estatales.
Estos principios básicos orientadores del programa económico de la dictadura militar dan sus frutos en muy poco tiempo. A un año del golpe, Rodolfo Walsh, con un coraje digno de su inquebrantable conciencia, y con claridad brillante, expone:
“…los hechos que sacuden la conciencia del mundo, que no son sin embrago los que mayores sufrimientos que han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.
Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la "racionalización".
“Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar "el país", han sido ustedes más afortunados. Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza a 600 dólares por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda ineptitud.”
Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: "Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos". El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el cien y el doscientos por ciento, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el "festín de los corruptos".
Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera, indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado, devolviendo las bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso, rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales, dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la ideología que amenaza al ser nacional.(5)
Programa Económico de Martínez de Hoz: Reordenamiento y racionalización del Estado.
En el plano de las empresas del Estado el propio gobierno militar llevará a cabo de la mano del Ministerio de Economía un brutal plan de achicamiento de las mismas, a través de la reducción de su personal y ajustes salariales desmedidos con el objeto de aumentar al máximo la productividad de acuerdo a la mano de obra empleada, y preparar el terreno para una futura privatización.
Se llevó a cabo – según propios comentario de Martínez de Hoz – una reforma jurídico- administrativa, contable, laboral e impositiva, dando a las empresas del Estado “libertad” para actuar como empresas comerciales, pero también creándoles las obligaciones legales que corresponden a tales (confecciones de balances e inventarios, pago de impuestos, etc).
Es necesario destacar que una de las formas de otorgarles libertad a las empresas del Estado, fue constituirlas en sociedades comerciales del Estado, permitiendo la futura incorporación de capitales privados en ellas.
Paralelamente, el gobierno militar fue eliminando los aportes del Tesoro a las mismas, las que en principio debían obtener sus recursos de la venta de sus productos o servicios, de algunos impuestos específicos y de su acceso al mercado de crédito local e internacional, llámese su salvaje endeudamiento. De esa manera, nos dice Martínez “Logramos reducir sustancialmente aunque no eliminar esos aportes. En 1976 prácticamente todas las grandes empresas estatales (catorce de ellas principalmente los servicios públicos), recibían aportes del tesoro. En 1980 siete de ellas todavía los recibieron, de los cuales sólo Ferrocarriles Argentinos y Encotel representaban cantidades relevantes.” (6)
Además fueron eliminando lo que ellos denominaban “las tarifas políticas”, reduciendo al mínimo indispensable las tarifas de los productos de las empresas públicas. Tal es así, que se llegaron a aplicar tarifas que no lograban cubrir el costo operativo.
“Evitamos así caer en la convalidación de cualquier costo operativo eliminando la necesidad de esforzarse para el logro de una mayor eficiencia. Además la elevación excesiva de precios y tarifas públicas podía llegar a crear serios problemas inflacionarios e incidir negativamente en los costos del sector privado al descolocarlo frente a la competencia internacional. Ello nos llevó a procurar lograr un equilibrio entre estas tendencias contradictorias. En el caso de algunos productos o servicios cuyo costo es relativamente menor en el país en comparación con el mercado internacional, hemos cuestionado que la empresa pública respectiva se apropie para sí ese beneficio entre el menor costo nacional y los precios internacionales que, en realidad, corresponde a la comunidad.”
De esta manera el Ministerio de Economía del Gobierno de la Junta, se jactaba de obligar a las empresas del estado a operar al costo de producción y acrecentar en forma exponencial su productividad debido a sus bajos ingresos. Las empresas públicas, ante tan adversa situación, se vieron obligadas a tomar préstamos en dólares en el mercado internacional auspiciado por la Secretaria de Programación Económica del Ministerio de Economía dirigida por Guillermo Walter Klein. Pero por desgracia de las mismas, no han recibido un solo dólar de esos créditos, los cuales quedaban en el BCRA para ser remitidos al mercado cambiario, recibiendo, si es que tenían suerte, pesos para efectuar pagos de insumos en el mercado local.
Es así como justifica José Alfredo Martínez de Hoz ese proceder en su libro: “Algunas opiniones han sido esgrimidas en el sentido que las empresas estatales no deberían recurrir al crédito, obligándose a pagar todos los gastos a través de sus recursos proveniente de la venta de sus productos o servicios. En este punto cabe aplicar a las empresas públicas el mismo razonamiento con que operan las privadas, es decir que, para cierto tipo de gasto y, sobre todo, para la inversión en proyectos o equipamiento, el crédito es indispensable para trasladar sobre un mayor período la incidencia de dicho gasto e inversión, pues el mismo beneficiará también a la comunidad durante un determinado período de años y no en un solo ejercicio fiscal.”
En cuanto al resultado operativo de las empresas del Estado, a través de todas las políticas expuestas se logró en el periodo 1976/1980– según propios palabras de Martínez de Hoz – una reducción del personal del 19% y un aumento de la productividad por persona ocupada del 50% para el conjunto de las agrupadas en la Sindicatura General de Empresas Públicas.(7)
Aplicación del Principio de Subsidiaridad. Política de Privatización.
En el programa económico de la dictadura militar dado a conocer el 2 de abril de 1976, se establecieron cuáles funciones del Estado se consideraban indelegables, y entre ellas estaban las siguientes: dictar normas generales que rijan la convivencia y el funcionamiento del país; asegurar el acatamiento a las mismas; administrar la justicia; conducir las relaciones exteriores; proveer la defensa y la seguridad.
Entre las funciones del Estado que se definieron como parcialmente delegables o susceptibles de ejecución compartida con el sector privado, pueden mencionarse las prestaciones de servicios de educación, salud, seguridad social y algunos servicios públicos especiales y obras de infraestructura.
Con respecto a las funciones de producción, se acordó que ellas en principio corresponden al sector privado y deben ser ajenas al Estado salvo casos muy excepcionales.
Puede verse como el Gobierno de facto comienza a desligarse de las actividades que, hasta esa fecha, habían sido consideradas indelegables por parte del Estado. Son todas aquellas funciones consideradas sociales que, bajo ningún punto de vista, puede el Estado desentenderse de ellas. El modelo neoliberal y su ideario, estaba logrando su cometido, a costa muerte, desapariciones y torturas.
Pero sigamos a nuestro Chicago Boys que en su libro nos dice lo siguiente:
“Dentro del cúmulo de empresas y funciones productivas que el estado mantenía al comienzo de nuestra gestión, podían diferenciarse con cierta claridad el conjunto de empresas industriales o comerciales frente a las de servicios públicos.
En cuanto a las primeras, en el período 1976/1980 se completó prácticamente el programa de transferir al sector privado, o de liquidar, todas aquellas anteriormente privadas que se encontraban intervenidas y administradas por el Estado y que habían pasado al sector público como consecuencia de su falencia o quiebra con el propósito de mantenerlas en funcionamiento bajo el argumento de preservar así una supuesta paz social. Durante 1976/1980 el Estado nacional y los Estados Provinciales se fueron desprendiendo gradualmente de estas empresas industriales y comerciales cuya administración estatal es incompatible con los principios arriba expuestos.”
El proceso de privatización de las empresas estatales, tanto productivas e industriales como de servicios públicos, ha comenzado su fase deprecatoria que culminará con el proyecto general elaborado por el capital extranjero en los años noventa. La escena se prepara, los actores (martilleros) hacen lo suyo, el protagonismo llegará con el menemismo.
En el periodo 1976/1980 se transfirieron al sector privado alrededor de 120 empresas productivas o comerciales. Además, el Banco Nacional de Desarrollo y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro se desprendieron de sus tenencias accionarias de otras 207 empresas, cesando su participación parcialmente en otras 29.
Como nos dice Martínez de Hoz, “el programa de privatización requirió modificar innumerables disposiciones que establecían requisitos, no siempre justificados, para la venta de bienes públicos. Mediante el dictado de diversas normas se logró establecer una base jurídica que facilitará este proceso. Ello llevó un cierto tiempo, pero el camino se ha abierto y, más allá de lo ya realizado en este aspecto durante nuestra gestión, la acción futura puede entonces ser mucho más ágil.”
Una de las medidas jurídicas adoptadas para permitir la participación de capitales privados en empresas anteriormente estatales, fue transformar a éstas en Sociedades del Estado, donde se le permitiera la participación accionaría al capital privado, quizás respetando la mayoría del 51% estatal.
También se han realizado importantes acciones de privatización periférica. Estas consistían en la transferencia a empresas privadas de la mayor cantidad de obras y servicios públicos antes desarrollados por empresas del Estado, a través de diversas formas contractuales. Se han realizado privatizaciones importantes de la inversión en las áreas de petróleo, gas natural y licuado, transporte marítimo y fluvial, ferrocarriles, autopistas, obras de conservación viales, puertos e instalaciones para el almacenaje y embarque de granos. En ciertas esferas, como la exploración y explotación de hidrocarburos, la actividad privada, que en 1976 tenía escasa relevancia, alcanzó en 1980 a abarcar casi un 40% de la misma. Se ha dejado también, sin efecto el monopolio estatal de la comercialización de productos derivados del petróleo que se había implantado en 1974. También se resolvió que la futura ampliación de la capacidad de refinería en el país debe ser encomendada al sector privado.
Vemos como la política económica del Golpe cívico – militar de 1976 tuvo un claro objetivo económico, transnacionalizar la economía argentina como sea posible, y a torturas, muertes y desapariciones. Reducir el tamaño y las funciones del Estado, consideradas hasta ese entonces en indelegables, especialmente las referidas al manejo de empresas, y reconvertir la estas funciones al designio de las exigencias genocida del capital transnacional.
Grupo Editorial "Al Dorso"
Enero 2007
